La pena de muerte ha sido objeto de discusión durante mucho tiempo, especialmente por las implicaciones jurídicas, políticas y sociales que posee para quienes cometen delitos de extrema gravedad y, por supuesto, para las víctimas y sus familiares. En Guatemala, la Constitución Política de la República contempla esta sanción, empero, existen restricciones internas e internacionales que condicionan su aplicación, el presente artículo desarrolla una reflexión subjetiva con respecto a la pertinencia de retomar su discusión, considerando la arquitectura constitucional de 1985, el Pacto de San José, las funciones del castigo, la corrupción, la impunidad y las condiciones del sistema penitenciario guatemalteco. Para ello, se realizó una revisión documental de normativa, jurisprudencia y literatura pertinente, complementando lo anterior con una interpretación del autor; el argumento principal versa en tanto a que, derivado de los delitos que provocan daños irreparables, resulta necesario discutir la respuesta que el Estado de Guatemala ofrece a las víctimas, sin perder de vista la capacidad real de las instituciones para investigar y juzgar con pruebas científicas, en tal sentido, la discusión sobre la pena capital también obliga a revisar las condiciones en las cuales se administra la justicia en Guatemala.